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Mal sabor en el Gobierno por retiro de multinacionales farmacéuticas de estudio para el TLC

Con laboratorios nacionales y la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi se iban a evaluar escenarios de negociación en propiedad intelectual.

En una reunión, Afidro (gremio de las multinacionales) les comunicó a los ministerios de Comercio y de la Protección Social, a Asinfar (gremio de laboratorios nacionales) y a la Cámara sectorial de la Andi que no iba más en el estudio, que no alcanzó a empezar a realizarse.

La investigación buscaba darle insumos al Gobierno para negociar con Estados Unidos el sensible tema de los medicamentos y la propiedad intelectual al medir el impacto de las patentes y la protección a la información en el bolsillo de los consumidores, el Plan Obligatorio de Salud y la salud pública.

Aumentar la protección de la PI es uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC), cuya segunda ronda de negociaciones se realizará desde este lunes en Atlanta (Estados Unidos).

Afidro, Asinfar y la Cámara se habían comprometido a financiar dicho estudio, que ya no se efectuará -por lo menos con los alcances previstos inicialmente- ante la deserción del primer gremio.

El ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, quien discutirá con su colega de la Protección Social la posibilidad de financiarlo con recursos públicos, siempre y cuando se considere que todavía es útil para la negociación del TLC, explicó que por la demora del estudio y porque las circunstancias han cambiado desde noviembre, cuando se propuso y fue aceptado por los gremios, el Gobierno ya adoptó una posición en las negociaciones: mantener el statu quo, "no movernos de donde estamos", es decir, no aumentar la protección a la PI en el campo farmacéutico.

"Hay frustración en el Gobierno porque uno de los sectores de la industria -Afidro- no lo acompañó en este proceso. Se esperaba que el estudio, hecho dentro de la mayor transparencia, le aportara insumos para la negociación" del TLC, se lamentó Botero.

Fueron siete meses perdidos de negociaciones entre los dos gremios y la Cámara para definir los términos de referencia de la investigación. "Esto, que era lo más complicado, ya se había evacuado", señaló el director del organismo sectorial de la Andi, Juan Manuel Gutiérrez.

Lo que comenzó como una propuesta oficial para estudiar el impacto del decreto 2085 del 2002, que protege hasta por cinco año los datos de prueba entregados por un laboratorio al Invima para obtener el permiso de comercialización de un producto (durante este tiempo no tendrá competencia), se convirtió en un proyecto mucho más ambicioso.

Cuando la propuesta sobre el 2085 se amplió a toda la PI en el campo farmacéutico "surgió nuestra primera preocupación", dijo Luis Alberto Acuña, vocero de Afidro.

Lo cierto es que para el 17 de diciembre del año pasado prácticamente ya había acuerdo entre Afidro, Asinfar y la Cámara sobre los términos de referencia, hecho que ratificaron al día siguiente cuando se envió una carta al ministro Botero informándole de este avance.

Sorpresivamente, señaló el presidente de Asinfar, Alberto Bravo, el 19 de diciembre María Claudia García (presidenta de Afidro) les pidió aplazar el tema. Como ya no se trataba solo del 2085, "esto ameritaba una consulta entre los afiliados y esto demoró un poco más la decisión", explicó García a EL TIEMPO a mediados de abril.

"No es cierto que para esa fecha no haya habido acuerdo- aseguró Bravo-. Lo que sucede es que a la industria extranjera no le conviene un estudio que demuestre que Colombia cumple con las normas de la OMC. Lo que le interesa es una sobreprotección, como el decreto 2085, y otras medidas que quieren imponer en el TLC que afectan la industria nacional y el bolsillo de los consumidores de medicamentos".

Acuña aseguró que no existe ningún temor por los resultados del estudio, sino por su indebida utilización, porque el tiempo para realizarlo era muy corto (aproximadamente dos meses), por la metodología que se aplicaría y por las fuentes de información estadística que se iban a utilizar.

Al respecto, dijo que la fuente seleccionada apenas cubre el 30 por ciento del mercado farmacéutico, dejando por fuera el mercado institucional (ISS y demás EPS e IPS, por ejemplo). "Esto nos generó más dudas", expresó Acuña.

"La decisión de retirarnos obedeció a un análisis serio y profundo de la situación que se planteaba. Todo se basaba en un consenso para los términos de referencia, metodología, fuentes de información y alcances, pero en dos industrias con aproximaciones diferentes al tema de la propiedad intelectual, esto es imposible", comentó Acuña.

La definición de los términos de referencia duró tres meses, dijo el director de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi, Juan Manuel Gutiérrez. Restaba por discutir la metodología y las fuentes y la disponibilidad de la información.

Hubo mucha discusión sobre esos dos puntos. Sin embargo, comentó Gutiérrez, "Afidro se limitó a decir que no eran satisfactorias las conclusiones a las que se había llegado sobre cada uno de los dos puntos" y anunció su retiro.

El viceministro de Comercio, Juan Ricardo Ortega, ofreció todo el apoyo del gobierno para superar los inconvenientes de información estadística y hasta ampliar el plazo del estudio, pero aun así Afidro se mantuvo en su posición.